El servicio anual de la deuda pública de la República Dominicana podría ubicarse entre US$8,000 millones y US$9,000 millones durante el período 2026-2028, absorbiendo una proporción cada vez mayor de los recursos del Estado, según las estimaciones presentadas por el economista Haivanjoe Ng Cortiñas en su reciente libro El latido de la deuda pública: ¿Por qué el flujo importa más que el saldo?.
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El servicio de la deuda corresponde a los pagos que el Gobierno debe realizar cada año para cumplir con sus compromisos financieros, incluyendo tanto el capital prestado como los intereses generados por esos préstamos. En términos sencillos, representa el dinero que el Estado destina al pago de sus deudas antes de poder utilizar esos recursos en áreas como educación, salud, infraestructura, seguridad o programas sociales.
En ese sentido, la partida en el presupuesto de 2026 para el pago de intereses de la deuda es de RD$324,257.1 millones. Es decir, alrededor de US$5,000 millones, por lo que el aumento de hasta US$9,000 millones que plantea el economista para el 2028, indica un aumento en torno de un 66 %.
«Las estimaciones indican que el servicio anual de la deuda podría ubicarse entre US$8,000 millones y US$9,000 millones, absorbiendo una proporción creciente de los recursos públicos», recoge el libro en sus conclusiones, para el período señalado.
Para Ng Cortiñas, el aumento significativo de la asignanación presupuestaria para el pago de la deuda se traduce cada vez más en una pérdida de sobreranía fiscal para la República Dominicana.
Durante la puesta en circulación de la obra, sostuvo que el análisis tradicional de la deuda pública se ha concentrado principalmente en el monto total adeudado o en su relación con el Producto Interno Bruto (PIB), mientras que se presta menor atención al peso que tienen los pagos anuales sobre las finanzas públicas.
El economista planteó que una deuda no necesariamente se vuelve riesgosa por su tamaño, sino por la carga que representa su servicio dentro del presupuesto nacional. “La deuda pública no comienza a ser peligrosa cuando crece mucho; comienza a ser peligrosa cuando el servicio de la deuda empieza a gobernar a quienes gobiernan”, afirmó.
Nuevos indicadores
Como parte de los aportes centrales de la publicación, el autor introduce el Indicador de Presión del Flujo de la Deuda (IPFD), una herramienta diseñada para medir la intensidad con que los pagos anuales de capital e intereses absorben los ingresos públicos y limitan la capacidad de acción del Estado.
A diferencia de los indicadores convencionales, que se enfocan en el saldo acumulado de la deuda o en la relación deuda-PIB, el IPFD dirige la atención hacia el flujo de recursos que cada año debe destinarse al cumplimiento de las obligaciones financieras del Gobierno.
Según explica la obra, una deuda puede mostrar niveles aparentemente manejables en términos de saldo, pero generar fuertes tensiones presupuestarias cuando los pagos exigidos crecen a un ritmo superior al de los ingresos fiscales.
El libro sostiene que, bajo esta perspectiva, la sostenibilidad de la deuda deja de ser únicamente un asunto financiero para convertirse en un tema de gobernabilidad económica, debido a que una porción creciente de los ingresos públicos queda comprometida para cubrir obligaciones previamente contraídas.
La investigación también desarrolla la denominada Brecha de Estrangulamiento Fiscal, un indicador orientado a medir cuánto excede el servicio de la deuda el nivel considerado compatible con una gestión fiscal sostenible.
De acuerdo con Ng Cortiñas, tanto el IPFD como la Brecha de Estrangulamiento Fiscal permiten evaluar una dimensión poco abordada en el debate económico: la diferencia entre la capacidad legal o formal de seguir endeudándose y la capacidad real del Estado para mantener autonomía en sus decisiones presupuestarias.
El economista argumenta que, a medida que aumenta la proporción de recursos destinada al pago de deuda, se reduce el margen fiscal disponible para financiar inversiones productivas, desarrollar infraestructura, fortalecer el capital humano y responder a nuevas demandas sociales, lo que podría traducirse en una pérdida gradual de soberanía fiscal.
“La verdadera pregunta no es cuánto debe un país, sino cuánto puede pagar cada año sin afectar su capacidad de invertir, desarrollar infraestructura, fortalecer el capital humano y atender las necesidades de la población”, señala.
