Integrantes del Movimiento Reconocido, colectivo de dominicanos de ascendencia haitiana, se manifestaron este viernes frente al Palacio Nacional para demandar el reconocimiento de la nacionalidad dominicana a miles de ciudadanos afectados por la Ley 169-14, al cumplirse 12 años de la promulgación de dicha normativa el 23 de mayo de 2014.
El colectivo denunció retrasos en la restitución de sus derechos y afirmó que la situación afecta a más de 200,000 personas en condición de apatridia.
El coordinador nacional de la organización, Franklin Dinol, señaló que menos del 9 % de los afectados ha recibido documentación en este periodo y reportó detenciones y deportaciones de personas afectadas basadas en su color de piel, incluso en centros hospitalarios públicos.
Según las cifras presentadas por Dinol, la Junta Central Electoral ha registrado a unas 61,000 personas como descendientes de migrantes haitianos, pero solo el 26 % ha obtenido sus documentos de identidad.
El vocero atribuyó la paralización de los procesos a trámites administrativos, decisiones discrecionales y la falta de voluntad por parte de las instituciones del Estado, tras asegurar que la falta de documentación restringe el acceso al empleo formal, la educación superior y los servicios básicos.
Por su parte, la activista Elena Lorec explicó que una parte de la población afectada poseía originalmente actas de nacimiento y cédulas que posteriormente fueron invalidadas, lo que generó su desnacionalización. Lorec indicó que la aplicación de la ley dividió a los afectados en dos categorías denominadas grupo A y grupo B.
De acuerdo con el desglose de la organización, en el grupo A unas 26,000 personas recuperaron sus documentos, mientras que más de 34,000 mantienen procesos inconclusos.
Respecto al grupo B, los activistas reportaron casos de documentos vencidos, trámites paralizados y la ausencia de mecanismos para la renovación. Finalmente, se informó que el Estado dominicano ha emitido decretos de naturalización en favor de 799 personas, pero que la mayoría de los afectados carece aún de garantías jurídicas y de documentación plena.
