A las cinco y media de la mañana, cuando el barrio Cuba de Arroyo Hondo II aún dormía, un fuerte estruendo rompió la calma: golpes, gritos y puertas derribadas. Los moradores denuncian que un operativo conjunto de la Policía y Obras Públicas ingresó sin previo aviso, dejando miedo, heridas y familias enteras a la intemperie.
Mientras las autoridades describen el hecho como un «desalojo necesario» para ampliar la avenida República de Colombia, los residentes lo narran como una «intervención violenta y traumática», que no respetó niños, ancianos ni mujeres recién paridas.
«Gracias a Dios nadie se murió del susto»: el testimonio de Jessica Paola
Jessica Paola Soto Hernández aún no entiende cómo, sin una advertencia formal, decenas de policías y obreros llegaron mientras todos dormían.
«Eran las seis de la mañana, quizás antes. Vinieron tirándole a las ventanas, golpeando puertas. ¿Y si un envejeciente sufre un paro cardíaco? Llegaron de sorpresa, como si fuéramos delincuentes», relata.
- Jessica cuenta que su primo tenía un local de tres niveles donde guardaba sus pertenencias. Según ella, los agentes entraron sin mediar palabras: «Le tiraron todo para abajo… un televisor, plásticos, muebles. Todo. Y a él, esposado, lo tiraron desde la segunda planta. ¿Tú crees que esa sea la forma? No somos animales».
Ella misma dormía en una habitación prestada por una vecina y recuerda entre lágrimas la impotencia. «Somos humanos, tenemos derechos. Y ellos no los cumplen. Muchas familias ahora mismo están en la calle».
Jessica asegura que las ofertas económicas del Gobierno no alcanzan para adquirir una vivienda similar a la que tenían.
«Mi casa de dos niveles estaba en perfectas condiciones. Me ofrecieron dos millones. ¿Qué compro yo con eso? Las casas similares valen cinco o seis millones. Es insuficiente».
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Golpes, una pierna rota y familias en shock
Otra residente, que prefiere no ser identificada por temor, denunció que su tío fue brutalmente golpeado durante el operativo.
«La policía dijo que nos sacaran como perros. A mi tío le partieron una pierna. Lo tuvieron que llevar de emergencia. No tengo dónde vivir, estoy arrimada», cuenta.
Relata que vivía en el barrio desde siempre: «Nací y me crié aquí. Nunca había pasado algo así». Asegura que los agentes no mostraron órdenes y que quienes se resistieron o reclamaron fueron maltratados.
«Lo electrocutaron con el aparato»: dos hermanos agredidos
María Josefa Báez, joven residente, denunció que dos hermanos de la comunidad, los primeros en salir al escuchar los golpes, fueron electrocutados.
«Ellos salieron a ver qué pasaba y de una vez los electrocutaron con el aparato. Cayeron al piso. Después los esposaron y siguieron golpeándolos».
Más tarde, los trasladaron detenidos y horas después llamaron a la familia para recogerlos en el hospital Darío Contreras. «Uno tiene la pierna rota y golpes por todo el cuerpo», señala María Josefa.
Una mujer recién parida y una bebé afectadas
En medio del caos, una mujer que había dado a luz recientemente fue agredida, según vecinos.
«Le jalaron la niña de los brazos. En el video se ve cuando el policía se la arranca. La niña recibió un golpe en la cabeza, y la madre también», relatan.
Otra madre asegura que fue amenazada durante días: «Me dieron una semana para irme, pero venían diario a decirme que me iban a tumbar la casa con mi hija adentro. Salí corriendo y me metí donde pude».
«Esto es tierra privada y tenemos títulos»: denuncias de ilegalidad
Los vecinos insisten en que poseen títulos legales de sus propiedades: «Aquí todo el mundo tiene papeles. Son terrenos privados. Ni así quisieron negociar», denuncian.
Relatan que Obras Públicas ofrecía montos entre 200,000 y 300,000 pesos, cantidades insuficientes para adquirir otra vivienda:
«Con ese dinero no compramos ni una habitación. La gente sacrificó años para construir sus casas».
Un barrio destruido
Más de veinte familias quedaron sin hogar. Las viviendas fueron derribadas sin que muchos pudieran rescatar sus pertenencias: «Perdimos todo. Trastes, muebles, ropa, documentos. Todo», lamentan.
Vecinos aseguran que el conflicto empezó tras la construcción de un proyecto habitacional cercano, que incrementó el interés por los terrenos.
- El desalojo, parte de los trabajos de ampliación de la avenida República de Colombia, deja a la comunidad fragmentada y en crisis.
Los afectados exigen: Compensación justa acorde al valor real de sus viviendas; reubicación digna para las familias que quedaron en la calle y la investigación de las agresiones policiales.
«No nos negamos al progreso, pero que lo hagan con humanidad. Queremos soluciones, no abusos. Somos ciudadanos, no delincuentes», concluye Jessica Paola.
