Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó este miércoles las amenazas de sometimiento a la justicia contra su presidente, Julio César Tiburcio de la Rosa, anunciadas por la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.
Ortiz Bosch reaccionó luego de que Adocco la acusara de incurrir en prevaricación al ordenar el archivo de una denuncia presentada el 2 de octubre de 2023 contra el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández.
La organización sostiene que Hernández ocultó en su declaración jurada de patrimonio la existencia de una empresa familiar que adquirió un inmueble por 31 millones de pesos mientras ocupaba el cargo.
Adocco advirtió que no se dejará intimidar por las declaraciones de la funcionaria, hechas bajo el título “¿Prevaricación o Difamación?”, y reiteró que continuará con su labor de denuncias contra servidores públicos que incurran en irregularidades. La entidad adelantó que gestionará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar lo que calificó como un “despropósito del poder”.
Tras el archivo de la denuncia por la DIGEIG el pasado 1 de septiembre, Adocco sometió el caso ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La organización acusa a Hernández de ocultar en su declaración jurada la empresa Constructora Playa Morón, registrada en enero de 2022, meses antes de su designación como ministro, y formalizada en marzo de ese mismo año.
La compañía figura a nombre de la esposa e hija de Hernández y adquirió en septiembre de 2022 un terreno de 7,854 metros cuadrados en Las Terrenas, Samaná, por RD$31,095,000.
Según Adocco, el valor real de la propiedad supera los 4 millones de dólares, lo que genera dudas sobre la forma de pago, ya que no se registran gravámenes y los ingresos declarados por el exministro y su familia no corresponden con una compra de esa magnitud.
La entidad sostiene que la omisión de esta empresa en la declaración jurada de bienes viola la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
Por ello, pidió al Ministerio Público acoger formalmente la denuncia, abrir una investigación penal contra Ángel Enrique Hernández Castillo y establecer las responsabilidades de todos los involucrados.
