La abogada especialista en derecho administrativo, Yulibelys Wandelpool, advirtió que la falta de un mandato expreso de publicación automática en la Ley 10-07 no otorga al Poder Ejecutivo la facultad de decidir de forma discrecional qué informes de la Contraloría General de la República conoce la ciudadanía.
El pronunciamiento de la especialista responde al argumento institucional de que dicha ley no obliga a difundir las auditorías y de que es necesario esperar una oficialización por parte del Gobierno.
La también experta en Compras Públicas y Derecho Labora recordó que la normativa estipula la remisión de los informes al Ejecutivo y a los órganos competentes como parte del procedimiento de control interno, lo cual no constituye una autorización para mantener los datos bajo reserva indefinida.
De acuerdo con la jurista, el marco legal vigente, que incluye la Constitución y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, establece que las instituciones estatales deben entregar los documentos bajo su control.
Wandelpool señaló que la reserva de información debe ser excepcional, aplicarse caso por caso y estar respaldada por una causa legal concreta, tales como investigaciones en curso o procesos administrativos preliminares.
En este sentido, Wandelpool recalcó que el debate jurídico e institucional se centra en que la administración pública debe justificar legalmente cualquier negativa a entregar auditorías definitivas a los ciudadanos, en lugar de condicionar la transparencia a la voluntad gubernamental o a la conveniencia política.
