SANTO DOMINGO.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la Ley de Reforma Tributaria, luego de su aprobación en el Congreso Nacional, formalizando así un conjunto de modificaciones al sistema impositivo del país que buscan reordenar la estructura fiscal y aumentar la eficiencia en la recaudación estatal.
La nueva normativa establece una serie de ajustes a los principales tributos del sistema dominicano, con especial atención en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los impuestos selectivos al consumo y los mecanismos de fiscalización y cumplimiento tributario.
Según lo explicado por las autoridades, el objetivo central de la reforma es modernizar el régimen fiscal, ampliar la base de contribuyentes y reducir los niveles de evasión.
Uno de los puntos más destacados de la legislación es la revisión de los anticipos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con la finalidad de aliviar la carga operativa de estos sectores y favorecer su formalización. Asimismo, la ley contempla incentivos dirigidos a determinados sectores productivos considerados estratégicos para el crecimiento económico.
El Poder Ejecutivo sostiene que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la transparencia del sistema tributario y garantizar mayores recursos para la inversión en servicios esenciales como salud, educación e infraestructura.
Sin embargo, la aprobación y promulgación de la reforma ha generado un amplio debate en distintos sectores de la sociedad. Representantes empresariales, economistas y organizaciones sociales han expresado opiniones divididas: mientras algunos valoran los intentos de modernización y orden fiscal, otros advierten sobre posibles impactos en los costos de producción, el consumo y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Con la promulgación oficial, la Ley de Reforma Tributaria entra en vigencia conforme a los plazos establecidos en su articulado, marcando un nuevo capítulo en la política económica del país y en la estrategia gubernamental de fortalecimiento de los ingresos del Estado.
El Gobierno ha reiterado que la implementación de la reforma será acompañada de procesos de socialización y seguimiento para evaluar sus efectos en la economía nacional y realizar los ajustes necesarios en caso de ser requeridos.
