La organización Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project) publicó un estudio sobre la «Corrupción en el Caribe» en el que hicieron un levantamiento sobre la percepción que tienen los ciudadanos de 14 países de esta región sobre las prácticas deshonestas en el sector público y privado.
World Justice Project es una organización internacional que dice tener la misión de trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo.
Los países evaluados fueron Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves. Cuba estuvo excluida.
En la encuesta, los dominicanos encabezaron la lista entre quienes reportaron que previo a las elecciones nacionales les han pedido votar por un candidato a cambio de favores o dinero.
El país obtuvo el 36%, seguido por Guyana, con un 23%, Santa Lucía, con un 15%, y Bahamas, con 13%. El resto quedó debajo del 12%. Los números más bajos los obtuvieron Antigua y Barbuda y Barbados, con un 2% cada uno.
República Dominicana estuvo entre los tres países donde están más aceptadas las acciones corruptas, después de Haití y Guyana. Ellos tienen el índice más alto de personas que consideraron aceptable que un empleado público pida un soborno para acelerar un proceso administrativo (17%, 34% y 24%).
También tuvieron la mayor cantidad de ciudadanos que normalizaron el hecho de que un ciudadano ofrezca el soborno o que un funcionario electo tome fondos públicos para su uso privado.
Esas tres naciones también consideraron «siempre o usualmente aceptable» que un empleado público sea contratado en base a lazos familiares y relaciones amistosas.
Los ciudadanos dominicanos fueron los segundos, después de Guyana, con menos rechazo (23%) al hecho de que una persona en un cargo de elección popular use fondos públicos robados para ayudar a su comunidad.
