El Estado dominicano se querelló penalmente y con constitución en actor civil en contra de varios de los detenidos en la Operación Calamar, así como contra de algunas de las personas que figuran como testigos del Ministerio Público en ese caso, entre ellas, el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo).
La querella la presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en fecha 5 de abril de 2022, durante el proceso de investigación.
En ella pide una compensación por daños y perjuicios sufridos por un monto de RD$26,880,935,984.34.
Basado en los mismos hechos que describe la Pepca en la solicitud de medida de coerción a 20 detenidos el pasado fin de semana en la Operación Calamar, el Estado enlista once personas como autores de los delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco.
También por sobornos o cohecho de funcionarios, intervención en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, estafa agravada en perjuicio del Estado dominicano, falta de declaración jurada y lavado de activo.
Los demandados
Los supuestos autores de esos delitos que figuran en la querella son: Ángel Donald Guerrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Claudio Silver Peña, Emilio Olivo Toribio, Gonzalo Castillo, Ramón David Hernández, Ramón Emilio Jiménez Collie, José Arturo Ureña Pérez, Fernando Crisóstomo Herrera, Efraín Santiago Báez Fajardo.
Tanto Jiménez Collie como Crisóstomo Herrera figuran como los principales testigos que tiene la Pepca en el caso Calamar, en el que acusa a exfuncionarios peledeístas de defalcar al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos. Además de los citados más arriba, la solicitud de medida de coerción incluye a otros exfuncionarios, como el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, así como el conocido abogado y político Ángel Lockward
En la querella del Estado figuran como cómplices otras 19 personas, incluido el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita, e incluye a los sucesores del fenecido Emilio Rivas, exdirector de Bienes Nacionales, como terceros civilmente responsables.
Estado fue afectado
Según el documento, el Estado fue afectado a través de sus dependencias Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección General de Catastro Nacional, Consejo Estatal del Azúcar, Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, en su condición de continuador jurídico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Con hechos similares a los descritos en la solicitud de medida de coerción a los detenidos en la Operación Calamar, la querella del Estado hace referencia a que el Ministerio de Hacienda hizo libramientos de pagos entre enero y julio de 2020, por un monto ascendente a los 10,827.6 millones de pesos, por concepto de pago de expropiaciones o adquisiciones de terrenos. Señala que el 74 % de los recursos fueron a parar a manos de personas contra las que acciona.
En el caso particular de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), dice que sirvió como vehículo para captar recursos públicos a fines de interés particular y según los requerimientos de Donald Guerrero.
