El candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática, Roque Alejandro Espaillat Tavares, se encuentra bajo grave escrutinio debido a acusaciones de supuesto abuso sexual y estafas millonarias.
El equipo de N Digital de Nuria Piera realizó un reportaje que revela que en el año 2008 Espaillat fue investigado por el Ministerio Público por cometer actos de incesto al agredir sexualmente a su hijo biológico de 6 años, supuestamente.
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Estos serios alegatos salieron a la luz durante su campaña política y se espera que el ahora excandidato aclare en qué quedó todo este asunto, aunque «El Cobrador» fue uno los postulantes a cargos de elección popular que pasaron la «prueba» de las iglesias evangélica y católica.
Según N Digital, en abril del 2009 el Instituto de la Familia (IDEFA) le realizó a Espaillat una evaluación psicológica que supuestamente reveló indicadores de agresividad, inestabilidad, rechazo, tendencias regresivas, menosprecio propio, así como desorden en el aspecto sexual.
«Es imprescindible investigar a profundidad la posibilidad de que el menor esté siendo molestado sexualmente por el padre», indica la evaluación psicológica.
Con estos antecedentes, la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago prohibió que el padre tuviera contacto a solas con el menor.
Acusaciones de estafas
Espaillat es propietario de varias empresas, entre ellas Toyer Enterprises, y según la versión periodística se ha visto envuelto en situaciones legales también en este contexto.
En 2008, esta empresa recibió un préstamo de US$ 450 millones de un banco, deuda que pasó a ser pública, según la Dirección de Créditos Públicos.
Espaillat también es acusado de estafar a la compañía multinacional Item House Inc. con más deUS$ 1,0000,000 en 2010 mediante su empresa Toyer Enterprises.
Además, Espaillat tiene acciones en empresas importadoras de vehículos usados como Busan Auto Import, S.R.L., y Espaillat Comercial, las cuales fueron investigadas por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) por actos de supuesta competencia desleal.
Las investigaciones revelaron que estas empresas al parecer importaron vehículos de más de 5 años entre 2017 y 2018, lo que constituiría una violación a la Ley General de Defensa de la competencia.
El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, reveló recientemente que el candidato presidencial de su agrupación presuntamente exigió USD$ 750,000 dólares si obtenía el 1% de los votos.
