El próximo 20 de agosto, los candidatos socialdemócratas Bernardo Arévalo y Sandra Torres se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. La crisis política e institucional que atraviesa el país desde la primera ronda, con el intento irregular por parte de la Fiscalía de suspender al partido de Arévalo, Movimiento Semilla, crean un ambiente de desconfianza y temor en el país centroamericano. ¿Cómo llega Guatemala al atípico balotaje?
«Guatemala merece florecer». «Queremos elecciones libres». Estos son algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas desplegadas en la capital el 24 de julio de 2023, una de las múltiples jornadas de protesta en contra de la intervención de la Fiscalía en el proceso electoral.
Estas han sido las elecciones más convulsas en el país desde el regreso a la democracia en 1986, aún dentro del Conflicto Armado Interno (1960-1996).
¿Cómo se llegó aquí? El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomó dos semanas para avalar los resultados de la primera vuelta. El mismo día, 12 de julio, la Fiscalía ordenó la suspensión del partido de Bernardo Arévalo, que se clasificó a las elecciones en segundo lugar. La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, la Unión Europea y varios organismos alertaron de un ataque a la democracia en el país centroamericano.
Los resultados de la primera vuelta electoral, el 25 de junio, sorprendieron al país: Movimiento Semilla casi no aparecía en las encuestas de antes de la primera vuelta. El partido de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como vicepresidenta fue fundado en 2015 y ha centrado su campaña en torno a la lucha contra la corrupción.
El 2015 marcó la historia de Guatemala como el año de las mayores protestas pacíficas en contra de la corrupción e impunidad en el país, que lograron la destitución del presidente Otto Pérez Molina, acusado de asociación ilícita y de defraudación aduanera. Sin embargo, los gobiernos que siguieron han estado marcados por un quebrantamiento de las instituciones democráticas y una persecución a los que habían denunciado previamente casos de corrupción.
