La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron este lunes un acuerdo interinstitucional de cooperación que busca establecer el voto penitenciario para las elecciones generales de 2024.
Mediante el convenio, el órgano electoral y del registro civil proveerá equipos para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión, así como el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, imputación y reclusos. La PGR tendrá acceso a los mecanismos de consultas en la base de datos de la JCE.
El acuerdo fue firmado en la sede de la JCE por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en presencia de los miembros titulares del Pleno, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario general, Sonne Beltré Ramírez, además del director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.
El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como «un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos» que, aseguró, deben ser garantizados, «no en los papeles», sino de manera real y efectiva.
Jáquez Liranzo destacó la importancia del apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría porque permitirá que los reclusos de manera preventiva, que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental salvo lo propio que señala el proceso penal, puedan ejercer el sufragio activo para las elecciones de 2024 como existe en otros países.
Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario excluyendo a todas las personas juzgadas ya de manera definitiva e irrevocable.
