El Ministerio Público determinó que la discoteca Jet Set operó durante años sin los permisos correspondientes ni la supervisión técnica necesaria, pese a haber sido sometida a remodelaciones profundas que alteraron su estructura original y comprometieron su seguridad.
Según la acusación formal, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, principales responsables del establecimiento, ejecutaron múltiples ampliaciones y modificaciones en el local —incluyendo la instalación de un escenario, bares, sistemas de iluminación y zonas VIP— sin contar con las autorizaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ni de la Alcaldía del Distrito Nacional.
La discoteca, que originalmente funcionaba como un cine, fue sometida a un cambio de uso y a una transformación estructural inadecuada, de acuerdo con la entidad, que dio a conocer los detalles de la investigación en un comunicado divulgado este sábado.
La información ha sido revelada luego de que el Ministerio Público depositara hoy la solicitud de medida de coerción en contra de Antonio y Maribel Espaillat, a quienes acusan de homicidio involuntario y otros delitos.
“Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”, indicaron los fiscales.
“Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”, señalaron.
Los fiscales agregaron que, además de los cambios no autorizados, los imputados sobrecargaron progresivamente el techo del local con múltiples elementos pesados: ductos, casetas técnicas, tinacos de agua y seis unidades de aire acondicionado de 15 y 20 toneladas cada una, todo esto sin estudios estructurales que garantizaran la capacidad de carga de la edificación.
Los imputados apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo.
Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo, “a través de reportes visuales (fotos y videos) y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”.
Los fiscales establecieron que los ejecutivos de la discoteca subordinaron la seguridad de empleados y clientes a la operación comercial.
“La imputada Maribel Espaillat, con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia del imputado Antonio Espaillat López y la imposibilidad de detener la fiesta, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas”, dijeron.
“La cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, las modificaciones estructurales sin base técnica, la sobrecarga del techo, las ´reparaciones´ deficientes y la desatención a las advertencias de peligro, demuestra un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que causó 235 muertes y más de 180 heridos”, señaló el Ministerio Público.
Indicó que los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca.
El Ministerio Público planteó que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.
Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.
