La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de otros 10 senadores, algunos de los cuales llevan seis años en el cargo, tras ser electos en 2020 y reelectos en 2024, mientras que otros enfrentan la medida apenas un año después de asumir sus funciones.
La decisión, confirmada a El Nacional por el director general de Compra y Contrataciones, Carlos Pimentel, también alcanza a las empresas de los leguisladores en las que figuran como accionistas, gerentes o titulares, totalizando 11, por incurrir en las incompatibilidades previstas en la Ley 47-25.
La resolución incluye a Alexis Victoria Yeb, senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y representante de la provincia María Trinidad Sánchez.
Asimismo, a Santiago José Zorrilla (PRM, El Seibo), Carlos Gómez Ureña (PRM, Espaillat), Ginette Bournigal (PRM, Puerto Plata) y el senador autoproclamado independiente, Antonio Marte, quien representa a la demarcación de Santiago Rodríguez.
Estos legisladores ocupan un escaño en el Congreso Nacional desde 2020 y fueron reelectos para el período 2024-2028.
También fueron suspendidos Moisés Ayala Pérez (aliado al PRM, Barahona), Jonhson Encarnación Díaz (PRM, Elías Piña), Gustavo Lara Salazar (PRM, San Cristóbal), Daniel Rivera Reyes (PRM, Santiago) y Bernardo Alemán Rodríguez (PRM, Montecristi).
Este grupo fue electo por primera vez en 2024, por lo que la medida les llega al cumplirse aproximadamente un año en el Senado.
La DGCP explicó que las suspensiones permanecerán vigentes mientras los legisladores continúen en el ejercicio de sus cargos y se extenderán hasta seis meses después de abandonar sus funciones, debido a la prohibición legal de contratar con el Estado cuando se ostenta una alta función pública.
Con esta decisión, suman 32 legisladores afectados por suspensiones de registros de proveedores durante los últimos dos años.
En agosto de 2024, la DGCP había suspendido los RPE de 22 congresistas electos —entre senadores y diputados—, al aplicar las incompatibilidades establecidas en la entonces vigente Ley 340-06, en una de las mayores depuraciones del Registro de Proveedores del Estado.
La nueva resolución representa una segunda depuración bajo el marco de la Ley 47-25, que endureció el régimen de inhabilidades al extender la prohibición no solo al funcionario, sino también a las sociedades comerciales vinculadas a este mediante participación accionaria o cargos de administración.
Uno de los casos con mayores antecedentes es el del senador Alexis Victoria Yeb, quien en 2021 quedó en el centro de una controversia luego de que la DGCP elaborara un informe sobre empresas vinculadas a su patrimonio.
El organismo determinó entonces que dos de sus empresas obtuvieron contratos con instituciones públicas después de su juramentación como senador y señaló que, por encontrarse bajo el régimen de prohibiciones de la Ley 340-06, no podían suplir al Estado.
Posteriormente, el director de Contrataciones Públicas sostuvo que correspondía al Senado evaluar posibles medidas disciplinarias.
La suspensión del RPE no constituye una sanción penal ni administrativa definitiva, pero impide que tanto los legisladores como las empresas relacionadas participen en procesos de compras y contrataciones públicas mientras subsista la incompatibilidad establecida por la ley.
La medida forma parte del proceso de fortalecimiento de los controles sobre los conflictos de interés en el uso de los recursos públicos.
