SAN JUAN DE LA MAGUANA, 3 de mayo 2027.- Terminó en forma abrupta una marcha que cientos de personas realizaban aquí este domingo en la tarde en contra de un proyecto de posible explotación minera en este provincia del suroeste de la República Dominicana.
Aunque la actividad comenzó y se desarrollaba en forma pacifica. en la fase final de la misma se produjo una pedrea en la que, según la Jefatura de la Policía, al menos tres policías y un capitán del Ejército resultaron heridos. Ninguno de ellos fue identificado de inmediato, pero el cuerpo del orden divulgó fotos de los uniformados que supuestamente fueron agredidos por manifestantes.
Dijo que las pedradas fueron lanzadas a mujeres policías en momento en que uno de los organizadores de la marcha incitaba a los presentes a entonar el Himno Nacional.
“Se está investigando para determinar si la agresion fue motorizada por personas infiltradas en la protesta”, agregó la entidad en una nota de prensa.
Dijo que los uniformados no tilizaron armas de fuego en el lugar sino sólo gases lacrimógenos y chorros de agua «para evitar que continuaran las agresiones».
Además de los agentes heridos, también fueron rotos los cristales de un vehículo apostado en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, lugar escogido por los manifestantes realizar su protesta.
La Policía Nacional había enviado previamente refuerzos a la zona con el propósito de proteger a los manifestantes y evitar incidentes que alteraran el orden público.
LOS MOTIVOS DE LA MANIFESTACIÓN
La movilización fue organizada principalmente por el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, grupos comunitarios, agricultores y organizaciones sociales de la provincia, sectores religiosos y activistas ambientales que reclaman la defensa de las fuentes de agua y la producción agrícola del valle de San Juan.
EL FOCO DEL CONFLICTO
El foco del conflicto es la mina de oro Los Romeros, impulsada por la empresa GoldQuest Mining Corp. Los manifestantes temen que la explotación de la misma contamine ríos y acuíferos, afecte la agricultura y provoque daños ambientales a largo plazo.
El proyecto aún está en fase de evaluación ambiental. El Gobierno asegura que no autorizará la explotación sin cumplir normas ambientales y que cualquier decisión incluiría estudios técnicos y procesos legales
