Amparado en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado en 1995 por el expresidente Joaquín Balaguer, el Gobierno dominicano dio permiso a los Estados Unidos para utilizar de manera “temporal” espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en la lucha contra el tráfico de drogas.
“La presencia de tropas militares en el territorio dominicano siempre debe estar supeditada a un plazo concreto, es decir, que no es permisible la permanencia por un lapso indeterminado de cuerpos militares extranjeros», declaró el TC en 2015.
